Tres causales de aborto a las reformas sociales en Chile

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Por Tito Flores Cáceres

El “realismo sin renuncia” anunciado hace algunas semanas, y la insistencia en la necesidad de darle un carácter gradual a los cambios, efectuada de manera casi orquestada durante los últimos días, por parte de los ministros del Interior y de Hacienda, parecen indicar que de verdad estamos en presencia de un verdadero aborto a las propuestas de transformaciones profundas prometidas en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet.

Recordemos que durante la campaña de 2013, el eje del discurso de la entonces candidata de la Nueva Mayoría, estuvo ligado a la necesidad que tenía Chile, de avanzar de manera decidida en la reducción de la desigualdad social que caracterizaba al país, y que lo ubicaba en los últimos lugares en los rankings internacionales sobre la materia.

La audacia de las propuestas de cambio sin embargo, duraron apenas algo más de un año. Hoy en cambio, prima lo que parece ser una actitud cauta del Ejecutivo, rayana en lo timorato, y que vuelve a aferrarse como hace veinticinco años, al avance meramente incremental de las políticas públicas.

A mi modo de ver, tres serían las causales de este aborto a las reformas. En primer lugar existe un déficit en la conducción política de la presidenta de la República. Lamentablemente el escándalo ligado a acusaciones de corrupción y de financiamiento ilegal de la política, que involucraron tanto a su familia directa, como a su brazo derecho político, el ex ministro del Interior, vino a afectar severamente no sólo la popularidad, sino que además la legitimidad de la primera mandataria, rasgo que era su pincipal capital político. Así lo revelan las últimas encuestas que constatan la caída libre de la presidenta y de su gobierno en esta materia. Con poco respaldo, con escasa legitimidad y con una mezquina confianza ciudadana, ningún gobierno puede acometer la titánica tarea del llevar adelante el conjunto de reformas comprometidas. Así las cosas, desde un punto de vista estratégico no le queda otra alternativa al Ejecutivo, que ajustar expectativas y sacar adelante lo que queda del gobierno con un compromiso modesto, aún cuando paradojalmente , ello implique una mayor caída en el apoyo. Seguir leyendo

La Esquizofrenia PeriNatal de la Derecha Dura Chilena

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(*) Por Tito Flores Cáceres

Apenas anunciada la medida por la Presidenta Bachelet, de eliminar el embarazo como una pre-existencia para las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional , aseguradoras privadas chilenas en este ámbito), surgieron voces críticas a la medida, provenientes del mismo sector que rasga vestiduras para protestar en contra de los proyectos que buscan permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas.

Este doble estándar o si se quiere, este esquizoide comportamiento, no es nuevo en la derecha dura chilena. Durante los últimos cuarenta años ha defendido con uñas y dientes la “libertad” siempre y cuando esta se encuentre vinculada con los mercados y el consumo, pues paralelamente a esas declaraciones, alabó y fue partidario de la dictadura de Pinochet y de su trabajo de muerte y represión.

La calificación del embarazo como una pre-existencia, ha castigado de manera concreta a la maternidad desde principios de la década de 1980, cuando se instaura por la fuerza este modelo, pues o ha dejado fuera de cobertura y de prestaciones el embarazo o le ha aplicado un sobre precio a aquella mujer que al momento de afiliarse a una ISAPRE, se encuentra en estado de gravidez. Durante décadas entonces, la sociedad chilena ha aceptado de manera tácita y silenciosa, una medida que tiene tanto de discriminatorio como de acción encubierta e indirecta contra la salud (y la vida en casos más extremos) del niño o niña en gestación.

Es ampliamente conocida la relación entre los grupos económicos controladores de las ISAPRES y el partido UDI (Vea nota al respecto). Por ello, llama la atención la disonancia de principios éticos existente entre sus manifestaciones contrarias al aborto y la declaración que al respecto ha efectuado la Asociación de ISAPRES. En esta última, lejos de encontrar explícitamente un aplauso a la medida, por el evidente carácter pro maternidad que ésta tiene, nos encontramos con un texto que señala “preocupación” por los “mayores costos que implicará al sistema privado de salud” y por las “modificaciones a las reglas del juego del sector privado”. Y para mayor abundamiento en este sentido, un ex Ministro de Pinochet, ampliamente conocido por sus posiciones de derecha dura y ortodoxas en materia económica, se permitió comparar el costo de un embarazo, con la compra de un auto chocado, lo que deja aún más claro cuál es la verdadera prioridad de este sector: el lucro y no la vida.

(*) Tito Flores Cáceres es Doctor en Gobierno y Adm. Pública. Académico Universitario y Director de PolíticaPública.cl

Definición de Política Pública: Una Revisión conceptual.

Recopilación elaborada por Tito Flores Cáceres

Existe una gran cantidad de definiciones del concepto política pública. Con la idea de aportar al trabajo de estudiantes, profesionales, investigadores y decisores públicos, son presentadas a continuación doce de ellas, organizadas alfabéticamente de acuerdo al autor que las propone.

Aguilar Villanueva (1996/a: 26): Aguilar Villanueva, indica que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”.

Dye (2008:1): Dye, por su parte, en una definición sucinta, pero muy difundida, señala que una política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

Fernández. (1999:464): Antoni Fernández se centra en la dificultad pero a la vez en la importancia de definir el concepto, sobre todo para la investigación en el plano empírico: “Una política pública no es un fenómeno objetivo de perfiles claros y definidos, su existencia debe ser puesta de relieve como fruto de la investigación en el plano empírico mediante la identificación de sus elementos constitutivos, sean estos declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados (outputs) y consecuencias (outcomes), a lo largo de un cierto período de tiempo. De la definición que se utilice como marco conceptual, dependerá en buena parte que tal o cual acto, símbolo, decisión o «no decisión» sean aceptadas por el investigador como constitutivas de una política pública singularizable, en un contexto marcado por la interacción entre políticas distintas, que se afectan y condicionan mutuamente, con los problemas que ello plantea a cualquier intento de aislar el objeto de estudio.

Grau (2002:34): Mireia Grau, enfatizando en el elemento político, plantea que las políticas públicas “son el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre actores que tienen lugar en los ámbitos del poder político. Así, y a pesar de que existe cierta tendencia a pensar que el ámbito de las políticas públicas es el ámbito de la tecnicidad, las políticas públicas y su estudio suponen entrar en el análisis de lo que, de acuerdo con Lasswell, es el poder político: quién obtiene qué, por qué y cuándo, y, cómo añade Dye (1992: 2) las consecuencias de ello[1]”.

Jenkins (1978)[2]: William Jenkins por su parte, define una política pública como “un conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por uno o varios actores políticos, con relación a la selección de objetivos y de los medios para alcanzarlos, dentro de una situación específica, donde aquellas decisiones deberían, en principio, estar dentro del ámbito de competencia de aquellos actores”.

Kraft y Furlong (2006:5): Kraft y Furlong, señalan que “una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. [Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”.

Lahera  (2002:16): Para Eugenio Lahera, una política pública “corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado”.

Majone (1989:1): Si bien es cierto no constituye una definición en si misma, sino más bien un enfoque, merece la pena señalar una concepción que, según las palabras de Majone, parece ser olvidada. Desde su punto de vista una política pública “está hecha de lenguaje. Sea en su forma oral o escrita, el debate, la argumentación, son centrales en todas las etapas del proceso de las políticas públicas”.

Meny y Thoenig (1992:89-90): Para Meny y Thoenig una política pública “es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. [Corresponde por lo tanto], a los actos y a los no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema en un sector relevante de su competencia y se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”.

Plano et al. (1973:311)[3]: Para estos autores una política pública puede ser concebida como los “reglamentos y programas gubernamentales considerados individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de las decisiones de autoridad de un sistema político. Puede tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer. Por política suele entenderse un conjunto o secuencia de decisiones más que una decisión singular acerca de una acción de gobierno particular. Algunos la entienden como decisiones de fines y preferencias y la distinguen de las decisiones relativas a los medios para alcanzar los fines. Otros, en contraste, consideran que la política incluye los medios y los fines. En algunos contextos denota decisiones de objetivos de largo plazo o directrices generales de acción gubernamental que guían las acciones de corto plazo en situaciones específicas.

Subirats y Gomá (1998:14): Subirats y Gomá en tanto, indican que “las políticas deben considerarse como propuestas de regulación pública de los múltiples problemas y contradicciones que afrontan las sociedades actuales. Toda política pública entraña un mecanismo de asignación pública de recursos y oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias en conflicto. Mecanismo que opera en un plano más o menos autónomo respecto a las lógicas mercantiles, familiares y comunitarias. Las políticas, en consecuencia, implican opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas. Trasladan, de forma más o menos explícita, concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la decisión colectiva. Y todo ello en un marco de entramados institucionales por donde transitan las interacciones concretas entre actores políticos. La estructura de oportunidades y límites que ofrecen las instituciones, así como las estrategias y habilidades de negociación de los actores, serán también variables a tener en cuenta como determinantes de cada resultado decisional”.

Tamayo (1997:281): Manuel Tamayo por su parte, plantea que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema”.
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Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis (1996/a): “Estudio Introductorio“, en Aguilar Villanueva, Luis (1996): “La Hechura de las Políticas Públicas”, 2ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México. Pp. 15-84
Dye, Thomas R. (2008): “Understanding Public Policies”, 12th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey
Fernández, Antoni (1999): “Las Políticas Públicas”, en Caminal, Miquel (ed.) (1999):”Manual de Ciencia Política”, 2ª ed., Tecnos, Madrid. Pp.460-482
Grau, Mireia (2002): “Introducción. El Estudio de las Políticas Públicas: Enfoques y Metodologías de Análisis”, en Grau, M. y Mateos, A. (Eds.) (2002): “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”, Tirant lo Blanch, Valencia. Pp.29-58.
Howlett, Michael; Ramesh, M. (1995): “Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsistems”, 1st. ed., Oxford University Press, Canada.
Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective” Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
Kraft, Michael; Furlong, Scott (2006): “Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives”, 2nd ed., CQ Press, Washington, DC.
Lahera, Eugenio (2002): “Introducción a las Políticas Públicas”, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.
Majone, Giandomenico (1989): “Evidence, Argument & Persuasion in the Policy process”, 1st. edition, Yale University Press, New Haven and London.
Meny, Y. y Thoenig, J. (1992): “Las Políticas Públicas”, 1ª edición, Editorial Ariel, Barcelona.
Subirats, J. y Gomá, R. (1998): “Democratización, Dimensiones de Conflicto y Políticas Públicas en España”, en Gomá Ricard y Subirats, Joan (Coords.) (1998): “Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes de Actores y Niveles de Gobierno”, 1ª Edición, Ariel Ciencia Política, España. Pp. 13-36
Tamayo (1997): “El Análisis de las Políticas Públicas”, en Bañón y Carrillo (Comps.) (1997): “La Nueva Administración Pública”, Alianza Editorial, Madrid. Pp.281-312
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Notas
[1] Dye lo concretiza de la siguiente manera: “El análisis de las políticas públicas tiene que ver con “quién obtiene qué” en política y, todavía más importante, “por qué” y “qué diferencias conlleva”. Lo que nos concierne estudiar no sólo es aquello que hacen los gobiernos, sino también por qué llevan a cabo las políticas que llevan a cabo, y cuáles son las consecuencias de tales políticas” Dye, 1992: xiii. (Traducido del original en inglés por la autora).
[2] Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective” Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
[3] Citado por Aguilar Villanueva (1996/a:24).

¿Participación en políticas públicas?: Consulta ciudadana sobre regulación al Lobby

lobby22La Ley finalmente aprobada, no logro satisfacer plenamente a los actores involucrados en el asunto. A pesar de las críticas por sus deficiencias y debilidades, ya existe en Chile, una primera regulación al Lobby y a las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios (La Ley N° 20.730).

Ahora que se está elaborando el reglamento con la finalidad de aplicar concretamente esta norma, la Cámara de Diputados ha abierto un proceso de Consulta al que ha convocado a participar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil, enviando su opinión acerca del reglamento propuesto, hasta el viernes 18 de julio de 2014, por medio de un formulario disponible en su sitio web.

La pregunta que cabe frente a esta acción legislativa, es si a aquello le podemos llamar con propiedad  participación o si se trata meramente de un acto administrativo, por cierto no vinculante, que busca legitimar una decisión ya tomada por las élites políticas y financieras del país.

Lamentablemente todo parece indicar que se trata de esto último y que en consecuencia, las críticas a las deficiencias de la norma regulatoria aprobada, no podrán ser superadas por medio de un reglamento. Por mucho esfuerzo opinante que se haga.

Jaque a la UDI: Hasta el FMI apoya las Reformas en Chile

JAQUE-MATE-1Una magistral jugada, como sacada de un tablero de ajedrez, fue la realizada por el Gobierno de la Presidenta Bachelet en su visita a Washington D.C. Allí, además de reunirse con el Presidente Obama, y con el Presidente del Banco Mundial, tuvo un importante encuentro con la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien públicamente a nombre del organismo, dio su “enérgico respaldo” al Programa de Reformas del Gobierno chileno.

Estamos hablando del organismo financiero internacional que más fieramente impulsara en la década de los ochenta, las reformas estructurales de corte neoliberal, a lo largo y ancho del mundo. Lejos está pues de tendencias estatistas, izquierdistas o revolucionarias. De allí lo simbólico de su respaldo. En el contexto de la disputa política que hoy se vive en Chile en torno a estas reformas, y que tiene a la derecha, especialmente a la UDI, el partido más conservador  del país, atacando al gobierno por proponer medidas que según sus líderes sembrarían el caos, la Presidenta Bachelet da muestras de su gran influencia a nivel internacional, y consigue que sus propuestas de reforma tributaria, educativa y laboral, sean bendecidas por el FMI.

Con ello la Derecha se ha quedado sin una parte importante de sus municiones opositoras a los proyectos y solamente su obstinación en mantener una posición dogmática y conservadora le haría persistir en la misma línea argumental -de corte macroeconómico- con tintes de verdadera campaña del terror.

Porque en comparación con los países grandes de verdad de la OCDE, Chile tiene mucho que avanzar en materia de igualdad y justicia social, y la implementación de medidas en tal sentido no implican necesariamente, caídas en el empleo ni problemas de gobernabilidad. Por el contrario, solo bastaría que aquellos en los que se “hiperconcentra” la riqueza, estén dispuestos a ser más solidarios con el resto de sus conciudadanos, y que dicha solidaridad quede consagrada en un nuevo pacto político social de convivencia, que ponga en el centro al colectivo y su cohesión, por sobre la individualidad exacerbada.

Prohibición del burka no vulnera los derechos humanos

burka¿Los inmigrantes deben adaptarse a la cultura del país en el que se instalan o por el contrario, el país en el que se instalan, debe ser flexible y permitir las expresiones culturales propias de los inmigrantes?

Aquel es un importante dilema cultural implícito en los procesos migratorios y que hace colisionar muchas veces valores y principios religiosos con ciertos derechos reconocidos por los países receptores. Probablemente el caso de la ablación del clítoris, una tradición rayana en el salvajismo, que consiste en la mutilación genital femenina es una situación extrema de esta colisión, pero también lo es el uso del burka en el espacio público, aquel velo que cubre completamente el rostro y que es usado por algunas mujeres musulmanas y cuya prohibición de uso, según el Tribunal de Estrasburgo, es acorde al convenio Europeo de Derechos Humanos.

Como indica el diario español “Público, en su edición digital de hoy, “la ley francesa de 2010 que prohíbe portar el burka o velo integral en el espacio público es acorde al Convenio Europeo de Derechos Humanos, según ha dictaminado este martes la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende la necesidad de las autoridades “de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes y luchar contra el fraude de identidad”.

Los jueces rechazaron la demanda interpuesta por una joven, nacida en 1990 y que asegura usar el burka, que cubre todo el cuerpo y tiene una rejilla para ver, y el niqab, un velo negro de pies a cabeza, con una pequeña abertura a la altura de los ojos. La demandante, que consideraba contraria al convenio la ley, que entró en vigor en abril de 2011, bajo presidencia de Nicolas Sarkozy, afirmaba portar estas prendas por “su fe, su cultura y sus convicciones personales”.

El mismo día de la entrada en vigor, apoyada por un gabinete de abogados británico, la demandante, francesa de origen paquistaní, presentó una demanda ante la Corte, que llegó a la Gran Sala, cuyas resoluciones no admiten apelación. La sentencia de Estrasburgo, adoptada con 15 votos a favor y dos disidentes, reconoce que la ley puede tener “efectos negativos específicos sobre la situación de las mujeres musulmanas” que quieran portar estas prendas, pero que existe “una justificación objetiva y razonable” para adoptarla…”

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Argentina, los “fondos buitre” y el fantasma de un nuevo default

buitre-y-bandera-argentinaLa economía Argentina nuevamente está viviendo momentos aciagos.

Un juez norteamericano impidió al país latinoamericano pagar en tiempo y forma, como era su voluntad, los servicios de su deuda reestructurada en 2005 y 2010, porque, como informa el diario El País de España, “de manera previa  debe pagarles primero 1.330 millones de dólares a tres fondos buitres y a otros acreedores que rechazaron los canjes de 2005 y 2010 y que siguen reclamando por los papeles impagos desde 2001”.

Con ello, nuevamente resurge el fantasma del default o suspensión de pagos, tal y como el 2001. La situación es crítica.

Mayores detalles: Diario El País, España  /  Ministerio de Economía, Argentina