Aumentar la Participación Laboral Femenina en Chile: 14 Recomendaciones

Comision Nacional ProductividadLa Comisión Nacional de Productividad (CNP), acaba de presentar el Informe “Mujeres en el Mundo Laboral. Más Oportunidades, Crecimiento y Bienestar”, que incluye 14 recomendaciones organizadas en torno a tres ejes, que tienen por objeto, aumentar la participación laboral femenina en Chile.

Según el organismo, la situación chilena en este ámbito es preocupante, por cuanto “en el año 2016, Chile ocupaba la posición 119 de 144 países evaluados en el índice de participación y oportunidad económica para las mujeres, calculado por el Foro Económico Mundial. Esta posición lo califica como el peor país evaluado entre los Sudamericanos, y el segundo peor en América (solo supera a México), estando más próximo a los países donde predomina la cultura del Islam”.

Para la CNP, si bien es cierto el país ha evolucionado positivamente desde 1990, pasando la tasa de participación femenina de 31% en 1990 a 48% en 2015, esta se encuentra “por debajo de los países latinoamericanos, de la OCDE, incluyendo los países en vías de desarrollo (52%), y por cierto muy por debajo de los países desarrollados de la OCDE (61%), liderado por los nórdicos (65%)”

Como señala el citado Informe, “incorporar a la mujer al mundo laboral no es solo un tema relevante desde el punto de vista de los derechos humanos e igualdad de género”, sino que también lo es “en términos económicos porque genera mayor crecimiento, productividad y competitividad en el país”.

A continuación el listado con las 14 recomendaciones:

EJE 1: Elevar la participación laboral femenina por medio de la socialización del costo de cuidados de dependientes sin distinción de género.

Recomendación 1: Reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema que financie o provea salas cuna de calidad, gratuitas para todos los hijos de hogares uniparentales o de parejas en que ambos trabajen o estudien, independiente del tamaño de la empresa o del número de mujeres que trabajen en ella. Asimismo, debe adecuarse la oferta pública de salas cuna y jardines infantiles para ser compatibles con los horarios de padres trabajadores.

Recomendación 2: Ofrecer una red de cuidados para personas mayores y discapacitados. Por ejemplo, se podría organizar en cada Junta de Vecinos una unidad de atención y cuidado de ancianos no valentes, remunerada según el número y complejidad de las atenciones, ampliando y fortaleciendo el “Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados”. Complementariamente, podrían crearse redes voluntarias de apoyo de cuidado entre vecinos o localidades, conectando voluntarios con interesados a través de plataformas tecnológicas. Seguir leyendo

El Ideario perdido de la Polis: entre el éxito financiero y el nihilismo consumista

pericles-pnyxPor Pablo Cañón Thomas (*)

Las prioridades de la sociedad chilena han cambiado de forma vertiginosa. Los nuevos tiempos van desarrollando diversas formas de conexión entre las personas, haciendo que la comunicación fluya de una manera pocas veces vista en la Historia. Paradojalmente sin embargo, el paradigma social económico parece estancado desde hace algunas décadas, pues de una u otra manera, ha sabido asimilarse dentro de las variantes que se observan en la globalización. Su principal pilar -el mercado- aún sigue incólume, a pesar de los tormentosos vaivenes cíclicos que en su íntima naturaleza se desenvuelven.

Razones para explicar la detención de los procesos -o si se quiere, de la lentitud de ellos- sobran, siendo casi todos de alguna u otra manera válidos (dependiendo de la óptica en que se enfocan). No obstante, debemos convenir en que una de las principales causas por las que Chile no ha superado sus trancas sociales es la falta de un acuerdo nacional para superar la profunda desigualdad que atraviesa el país desde hace casi 100 años.

La democracia chilena ha madurado, de eso no hay duda, permitiendo que las instituciones cumplan su objetivo de ser intermediarias entre la gente y el Estado, mas no ha evolucionado lo suficiente para asimilar los dejos regresivos que la implantación de un capitalismo extremo y a veces poco racional, provocó. Tampoco se dio con el antídoto: durante el siglo XX se trató de contrarrestar sus efectos mediante políticas proteccionistas que buscaban asegurar la expansión industrial al interior de la Nación, sin reparar que la inflación dejaba una herida que sangraba pobreza de la más extrema. La responsabilidad fiscal no existía y se creía que había una relación directamente proporcional entre el aumento sostenido de precios y el crecimiento económico. Cuando se estableció que la inflación era un problema monetario y que al largo plazo debilitaba la actividad de un país, los gobiernos acortaron correctamente el tamaño del Estado, pero sin proporcionalidad, permitiendo la entrada casi neurótica del mercado en áreas vulnerables de la sociedad. Una vez más, quienes pagaban el costo eran los estratos medios y bajos. En los últimos veinticinco años se ha tratado de compensar dichas pérdidas por medio de un asistencialismo que no tiene muy claro su norte, pero de ninguna manera ha cambiado la tendencia del Estado chileno, el cual sigue de alguna forma socializando las pérdidas.

Teniendo presente que la globalización social y económica es un fenómeno supranacional del cual es imposible sustraerse, se hace necesario preguntarse por la teleología estatal. Nunca antes fue más necesario un nuevo pensar acerca de los fines que como comunidad queremos lograr a través del Estado. La creación de fines comunes, que se plasmen hoy como la inteligencia del ordenamiento jurídico es un imperativo, si consideramos que en la actualidad los espacios públicos (punto de encuentro de la sociedad) han sido aplastados por la vorágine tecnocrática que sólo ve eficacia pero no eficiencia, dejando tras sí a muchos excluidos.

Sin embargo lo anterior, es preciso advertir que la política no ha traspasado las fronteras de la racionalidad económica trazadas desde hace décadas, pues es consciente de que muchos de los errores del pasado son efecto directo de una funcionalidad social no económica, pero tal concepción no debe significar de manera alguna abjurar de su importancia. Es por ello que los principios soberanos que deben inspirar las leyes y la estructura de la nación deben sopesar ambos factores (económico y político-social), re-encontrándose así con el ideario de la polis, tan perdido entre la adoración al éxito financiero y el nihilismo consumista.

En consecuencia, se debe forjar un contexto que propicie acuerdos y genere consensos en torno al monopolio del bien común no sólo con partes afines, sino también con aquellos que por historia han caminado en sentido opuesto. Bajo tal prisma, los cambios propuestos por el actual gobierno apuntan a ello, pues -a grandes rasgos y sin entrar en la letra chica de las medidas- lo que se busca es equilibrar las reglas del juego, hoy inclinadas principalmente hacia la segregación y la exclusión. Sin duda que el camino de transformaciones trazado encontrará fuertes obstáculos y no sólo en la derecha; no obstante, si ello es el precio a pagar por la necesaria supeditación de todos los sectores de la sociedad al espacio público, es un camino que necesariamente debe ser recorrido. Qué tipo de valores y qué finalidades se concebirán es una pregunta que nadie de antemano puede responder, pero si se puede decir que, de nacer, lo harán bajo absoluta legitimidad, al contrario de lo que ocurrió en el pasado.

(*) Pablo Cañón Thomas es Abogado de la Universidad de Chile.

Definición de Política Pública: Una Revisión conceptual.

Recopilación elaborada por Tito Flores Cáceres

Existe una gran cantidad de definiciones del concepto política pública. Con la idea de aportar al trabajo de estudiantes, profesionales, investigadores y decisores públicos, son presentadas a continuación doce de ellas, organizadas alfabéticamente de acuerdo al autor que las propone.

Aguilar Villanueva (1996/a: 26): Aguilar Villanueva, indica que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”.

Dye (2008:1): Dye, por su parte, en una definición sucinta, pero muy difundida, señala que una política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

Fernández. (1999:464): Antoni Fernández se centra en la dificultad pero a la vez en la importancia de definir el concepto, sobre todo para la investigación en el plano empírico: “Una política pública no es un fenómeno objetivo de perfiles claros y definidos, su existencia debe ser puesta de relieve como fruto de la investigación en el plano empírico mediante la identificación de sus elementos constitutivos, sean estos declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados (outputs) y consecuencias (outcomes), a lo largo de un cierto período de tiempo. De la definición que se utilice como marco conceptual, dependerá en buena parte que tal o cual acto, símbolo, decisión o «no decisión» sean aceptadas por el investigador como constitutivas de una política pública singularizable, en un contexto marcado por la interacción entre políticas distintas, que se afectan y condicionan mutuamente, con los problemas que ello plantea a cualquier intento de aislar el objeto de estudio.

Grau (2002:34): Mireia Grau, enfatizando en el elemento político, plantea que las políticas públicas “son el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre actores que tienen lugar en los ámbitos del poder político. Así, y a pesar de que existe cierta tendencia a pensar que el ámbito de las políticas públicas es el ámbito de la tecnicidad, las políticas públicas y su estudio suponen entrar en el análisis de lo que, de acuerdo con Lasswell, es el poder político: quién obtiene qué, por qué y cuándo, y, cómo añade Dye (1992: 2) las consecuencias de ello[1]”.

Jenkins (1978)[2]: William Jenkins por su parte, define una política pública como “un conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por uno o varios actores políticos, con relación a la selección de objetivos y de los medios para alcanzarlos, dentro de una situación específica, donde aquellas decisiones deberían, en principio, estar dentro del ámbito de competencia de aquellos actores”.

Kraft y Furlong (2006:5): Kraft y Furlong, señalan que “una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. [Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”.

Lahera  (2002:16): Para Eugenio Lahera, una política pública “corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado”.

Majone (1989:1): Si bien es cierto no constituye una definición en si misma, sino más bien un enfoque, merece la pena señalar una concepción que, según las palabras de Majone, parece ser olvidada. Desde su punto de vista una política pública “está hecha de lenguaje. Sea en su forma oral o escrita, el debate, la argumentación, son centrales en todas las etapas del proceso de las políticas públicas”.

Meny y Thoenig (1992:89-90): Para Meny y Thoenig una política pública “es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. [Corresponde por lo tanto], a los actos y a los no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema en un sector relevante de su competencia y se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”.

Plano et al. (1973:311)[3]: Para estos autores una política pública puede ser concebida como los “reglamentos y programas gubernamentales considerados individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de las decisiones de autoridad de un sistema político. Puede tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer. Por política suele entenderse un conjunto o secuencia de decisiones más que una decisión singular acerca de una acción de gobierno particular. Algunos la entienden como decisiones de fines y preferencias y la distinguen de las decisiones relativas a los medios para alcanzar los fines. Otros, en contraste, consideran que la política incluye los medios y los fines. En algunos contextos denota decisiones de objetivos de largo plazo o directrices generales de acción gubernamental que guían las acciones de corto plazo en situaciones específicas.

Subirats y Gomá (1998:14): Subirats y Gomá en tanto, indican que “las políticas deben considerarse como propuestas de regulación pública de los múltiples problemas y contradicciones que afrontan las sociedades actuales. Toda política pública entraña un mecanismo de asignación pública de recursos y oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias en conflicto. Mecanismo que opera en un plano más o menos autónomo respecto a las lógicas mercantiles, familiares y comunitarias. Las políticas, en consecuencia, implican opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas. Trasladan, de forma más o menos explícita, concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la decisión colectiva. Y todo ello en un marco de entramados institucionales por donde transitan las interacciones concretas entre actores políticos. La estructura de oportunidades y límites que ofrecen las instituciones, así como las estrategias y habilidades de negociación de los actores, serán también variables a tener en cuenta como determinantes de cada resultado decisional”.

Tamayo (1997:281): Manuel Tamayo por su parte, plantea que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema”.
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Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis (1996/a): “Estudio Introductorio“, en Aguilar Villanueva, Luis (1996): “La Hechura de las Políticas Públicas”, 2ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México. Pp. 15-84
Dye, Thomas R. (2008): “Understanding Public Policies”, 12th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey
Fernández, Antoni (1999): “Las Políticas Públicas”, en Caminal, Miquel (ed.) (1999):”Manual de Ciencia Política”, 2ª ed., Tecnos, Madrid. Pp.460-482
Grau, Mireia (2002): “Introducción. El Estudio de las Políticas Públicas: Enfoques y Metodologías de Análisis”, en Grau, M. y Mateos, A. (Eds.) (2002): “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”, Tirant lo Blanch, Valencia. Pp.29-58.
Howlett, Michael; Ramesh, M. (1995): “Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsistems”, 1st. ed., Oxford University Press, Canada.
Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective” Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
Kraft, Michael; Furlong, Scott (2006): “Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives”, 2nd ed., CQ Press, Washington, DC.
Lahera, Eugenio (2002): “Introducción a las Políticas Públicas”, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.
Majone, Giandomenico (1989): “Evidence, Argument & Persuasion in the Policy process”, 1st. edition, Yale University Press, New Haven and London.
Meny, Y. y Thoenig, J. (1992): “Las Políticas Públicas”, 1ª edición, Editorial Ariel, Barcelona.
Subirats, J. y Gomá, R. (1998): “Democratización, Dimensiones de Conflicto y Políticas Públicas en España”, en Gomá Ricard y Subirats, Joan (Coords.) (1998): “Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes de Actores y Niveles de Gobierno”, 1ª Edición, Ariel Ciencia Política, España. Pp. 13-36
Tamayo (1997): “El Análisis de las Políticas Públicas”, en Bañón y Carrillo (Comps.) (1997): “La Nueva Administración Pública”, Alianza Editorial, Madrid. Pp.281-312
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Notas
[1] Dye lo concretiza de la siguiente manera: “El análisis de las políticas públicas tiene que ver con “quién obtiene qué” en política y, todavía más importante, “por qué” y “qué diferencias conlleva”. Lo que nos concierne estudiar no sólo es aquello que hacen los gobiernos, sino también por qué llevan a cabo las políticas que llevan a cabo, y cuáles son las consecuencias de tales políticas” Dye, 1992: xiii. (Traducido del original en inglés por la autora).
[2] Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective” Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
[3] Citado por Aguilar Villanueva (1996/a:24).