OIT: 28 millones de personas buscan empleo sin encontrarlo en América Latina y el Caribe

Fuente: OIT Noticias

Con una tasa de desocupación de 9,6 por ciento y con uno de cada dos trabajadores en la informalidad, la región debe enfrentarse a la perspectiva de una prolongación de la crisis por COVID-19 en el empleo, dice el nuevo informe Panorama Laboral de la OIT.

A casi dos años de iniciada la pandemia por COVID-19 en el tercer trimestre de 2021 la tasa de ocupación y la tasa de participación económica aún eran inferiores a los registros de 2019, mientras que la tasa de desocupación era más elevada que en aquel año. El Panorama Laboral 2021 describe un escenario de luces y sombras para el empleo, y advierte que podríamos tardar hasta 2023 o incluso 2024 para recuperar los niveles pre-pandemia.

“El panorama laboral es incierto, la persistencia de los contagios por la pandemia y la perspectiva de un crecimiento económico mediocre este año podrían prolongar la crisis del empleo hasta 2023 o incluso 2024”.

Vinícius Pinheiro, Director de la OIT para América Latina y el Caribe.
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Chile: Aprobada Ley de Pensión Garantizada Universal

En una muestra más de que el paradigma chileno de política pública se ha transformado profundamente, mutando desde la lógica subsidiaria y focalizada, impuesta por el neoliberalismo, a uno sustentado en la universalidad y la garantía de derechos, el día de hoy fue aprobado el proyecto de Ley que crea la «Pensión Garantizada Universal».

Tal y como indica el Centro de Prensa de la Cámara de Diputados y Diputadas:

«Un universo estimado de 2,4 millones de personas se verá favorecido con la nueva “Pensión Garantizada Universal” (PGU). El texto, en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley, se despachó sobre la base de los cambios planteados por el Senado. Estos fueron aprobados por la Sala de la Cámara en forma unánime.

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Aumentar la Participación Laboral Femenina en Chile: 14 Recomendaciones

Comision Nacional ProductividadLa Comisión Nacional de Productividad (CNP), acaba de presentar el Informe «Mujeres en el Mundo Laboral. Más Oportunidades, Crecimiento y Bienestar», que incluye 14 recomendaciones organizadas en torno a tres ejes, que tienen por objeto, aumentar la participación laboral femenina en Chile.

Según el organismo, la situación chilena en este ámbito es preocupante, por cuanto «en el año 2016, Chile ocupaba la posición 119 de 144 países evaluados en el índice de participación y oportunidad económica para las mujeres, calculado por el Foro Económico Mundial. Esta posición lo califica como el peor país evaluado entre los Sudamericanos, y el segundo peor en América (solo supera a México), estando más próximo a los países donde predomina la cultura del Islam».

Para la CNP, si bien es cierto el país ha evolucionado positivamente desde 1990, pasando la tasa de participación femenina de 31% en 1990 a 48% en 2015, esta se encuentra «por debajo de los países latinoamericanos, de la OCDE, incluyendo los países en vías de desarrollo (52%), y por cierto muy por debajo de los países desarrollados de la OCDE (61%), liderado por los nórdicos (65%)»

Como señala el citado Informe, «incorporar a la mujer al mundo laboral no es solo un tema relevante desde el punto de vista de los derechos humanos e igualdad de género», sino que también lo es «en términos económicos porque genera mayor crecimiento, productividad y competitividad en el país».

A continuación el listado con las 14 recomendaciones:

EJE 1: Elevar la participación laboral femenina por medio de la socialización del costo de cuidados de dependientes sin distinción de género.

Recomendación 1: Reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo por un sistema que financie o provea salas cuna de calidad, gratuitas para todos los hijos de hogares uniparentales o de parejas en que ambos trabajen o estudien, independiente del tamaño de la empresa o del número de mujeres que trabajen en ella. Asimismo, debe adecuarse la oferta pública de salas cuna y jardines infantiles para ser compatibles con los horarios de padres trabajadores.

Recomendación 2: Ofrecer una red de cuidados para personas mayores y discapacitados. Por ejemplo, se podría organizar en cada Junta de Vecinos una unidad de atención y cuidado de ancianos no valentes, remunerada según el número y complejidad de las atenciones, ampliando y fortaleciendo el “Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados”. Complementariamente, podrían crearse redes voluntarias de apoyo de cuidado entre vecinos o localidades, conectando voluntarios con interesados a través de plataformas tecnológicas. Continuar leyendo «Aumentar la Participación Laboral Femenina en Chile: 14 Recomendaciones»

Definición de Política Pública: Una Revisión conceptual.

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Recopilación elaborada por Tito Flores Cáceres

Existe una gran cantidad de definiciones del concepto política pública. Con la idea de aportar al trabajo de estudiantes, profesionales, investigadores y decisores públicos, son presentadas a continuación doce de ellas, organizadas alfabéticamente de acuerdo al autor que las propone.

Aguilar Villanueva (1996/a: 26): Aguilar Villanueva, indica que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”.

Dye (2008:1): Dye, por su parte, en una definición sucinta, pero muy difundida, señala que una política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

Fernández. (1999:464): Antoni Fernández se centra en la dificultad pero a la vez en la importancia de definir el concepto, sobre todo para la investigación en el plano empírico: “Una política pública no es un fenómeno objetivo de perfiles claros y definidos, su existencia debe ser puesta de relieve como fruto de la investigación en el plano empírico mediante la identificación de sus elementos constitutivos, sean estos declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados (outputs) y consecuencias (outcomes), a lo largo de un cierto período de tiempo. De la definición que se utilice como marco conceptual, dependerá en buena parte que tal o cual acto, símbolo, decisión o «no decisión» sean aceptadas por el investigador como constitutivas de una política pública singularizable, en un contexto marcado por la interacción entre políticas distintas, que se afectan y condicionan mutuamente, con los problemas que ello plantea a cualquier intento de aislar el objeto de estudio.

Flores, Tito (2009:41): Tito Flores señala que entenderemos que una política pública corresponde a la acción o a la no-acción gubernamental,  generada en respuesta a un determinado asunto (Issue) o problema público y en torno a la que además del gobierno, participan muchos otros actores que influyen o intentan influir sobre las decisiones gubernamentales, lo que configura un proceso político o de disputa de poder no exento de tensiones y conflictos, especialmente en relación a los valores y paradigmas que cada una de las diferentes opciones implica. Una política pública puede tomar formas diversas: leyes, órdenes locales, decretos ejecutivos, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer, en todos los cuales el lenguaje y el elemento argumentativo es central.

Grau (2002:34): Mireia Grau, enfatizando en el elemento político, plantea que las políticas públicas “son el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre actores que tienen lugar en los ámbitos del poder político. Así, y a pesar de que existe cierta tendencia a pensar que el ámbito de las políticas públicas es el ámbito de la tecnicidad, las políticas públicas y su estudio suponen entrar en el análisis de lo que, de acuerdo con Lasswell, es el poder político: quién obtiene qué, por qué y cuándo, y, cómo añade Dye (1992: 2) las consecuencias de ello[1]”.

Jenkins (1978)[2]: William Jenkins por su parte, define una política pública como “un conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por uno o varios actores políticos, con relación a la selección de objetivos y de los medios para alcanzarlos, dentro de una situación específica, donde aquellas decisiones deberían, en principio, estar dentro del ámbito de competencia de aquellos actores”.

Kraft y Furlong (2006:5): Kraft y Furlong, señalan que “una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. [Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”.

Lahera  (2002:16): Para Eugenio Lahera, una política pública “corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado”.

Majone (1989:1): Si bien es cierto no constituye una definición en si misma, sino más bien un enfoque, merece la pena señalar una concepción que, según las palabras de Majone, parece ser olvidada. Desde su punto de vista una política pública “está hecha de lenguaje. Sea en su forma oral o escrita, el debate, la argumentación, son centrales en todas las etapas del proceso de las políticas públicas”.

Meny y Thoenig (1992:89-90): Para Meny y Thoenig una política pública “es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. [Corresponde por lo tanto], a los actos y a los no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema en un sector relevante de su competencia y se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”.

Plano et al. (1973:311)[3]: Para estos autores una política pública puede ser concebida como los “reglamentos y programas gubernamentales considerados individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de las decisiones de autoridad de un sistema político. Puede tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer. Por política suele entenderse un conjunto o secuencia de decisiones más que una decisión singular acerca de una acción de gobierno particular. Algunos la entienden como decisiones de fines y preferencias y la distinguen de las decisiones relativas a los medios para alcanzar los fines. Otros, en contraste, consideran que la política incluye los medios y los fines. En algunos contextos denota decisiones de objetivos de largo plazo o directrices generales de acción gubernamental que guían las acciones de corto plazo en situaciones específicas.

Subirats y Gomá (1998:14): Subirats y Gomá en tanto, indican que “las políticas deben considerarse como propuestas de regulación pública de los múltiples problemas y contradicciones que afrontan las sociedades actuales. Toda política pública entraña un mecanismo de asignación pública de recursos y oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias en conflicto. Mecanismo que opera en un plano más o menos autónomo respecto a las lógicas mercantiles, familiares y comunitarias. Las políticas, en consecuencia, implican opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas. Trasladan, de forma más o menos explícita, concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la decisión colectiva. Y todo ello en un marco de entramados institucionales por donde transitan las interacciones concretas entre actores políticos. La estructura de oportunidades y límites que ofrecen las instituciones, así como las estrategias y habilidades de negociación de los actores, serán también variables a tener en cuenta como determinantes de cada resultado decisional”.

Tamayo (1997:281): Manuel Tamayo por su parte, plantea que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema”.

Ver además: Tipos de Políticas Públicas.
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Bibliografía

  • Aguilar Villanueva, Luis (1996/a): “Estudio Introductorio“, en Aguilar Villanueva, Luis (1996): “La Hechura de las Políticas Públicas”, 2ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México. Pp. 15-84
  • Dye, Thomas R. (2008): “Understanding Public Policies”, 12th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey
  • Fernández, Antoni (1999): «Las Políticas Públicas», en Caminal, Miquel (ed.) (1999):»Manual de Ciencia Política», 2ª ed., Tecnos, Madrid. Pp.460-482
  • Flores, Tito (2009): “Cambio en la Formulación de las Políticas Públicas: Chile 1938-2008”. Tesis para Optar al grado académico de Doctor en Gobierno y Administración Pública. Universidad Complutense de Madrid-Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid, España.
  • Grau, Mireia (2002): “Introducción. El Estudio de las Políticas Públicas: Enfoques y Metodologías de Análisis”, en Grau, M. y Mateos, A. (Eds.) (2002): “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”, Tirant lo Blanch, Valencia. Pp.29-58.
  • Howlett, Michael; Ramesh, M. (1995): “Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsistems”, 1st. ed., Oxford University Press, Canada.
  • Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective» Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
  • Kraft, Michael; Furlong, Scott (2006): “Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives”, 2nd, CQ Press, Washington, DC.
  • Lahera, Eugenio (2002): “Introducción a las Políticas Públicas”, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.
  • Majone, Giandomenico (1989): “Evidence, Argument & Persuasion in the Policy process”, 1st. edition, Yale University Press, New Haven and London.
  • Meny, Y. y Thoenig, J. (1992): “Las Políticas Públicas”, 1ª edición, Editorial Ariel, Barcelona.
  • Subirats, J. y Gomá, R. (1998): “Democratización, Dimensiones de Conflicto y Políticas Públicas en España”, en Gomá Ricard y Subirats, Joan (Coords.) (1998): “Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes de Actores y Niveles de Gobierno”, 1ª Edición, Ariel Ciencia Política, España. Pp. 13-36
  • Tamayo, Manuel (1997): “El Análisis de las Políticas Públicas”, en Bañón y Carrillo (Comps.) (1997): “La Nueva Administración Pública”, Alianza Editorial, Madrid. Pp.281-312
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    Notas
    [1] Dye lo concretiza de la siguiente manera: “El análisis de las políticas públicas tiene que ver con “quién obtiene qué” en política y, todavía más importante, “por qué” y “qué diferencias conlleva”. Lo que nos concierne estudiar no sólo es aquello que hacen los gobiernos, sino también por qué llevan a cabo las políticas que llevan a cabo, y cuáles son las consecuencias de tales políticas” Dye, 1992: xiii. (Traducido del original en inglés por la autora).
    [2] Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective» Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
    [3] Citado por Aguilar Villanueva (1996/a:24).

Fotografía: The Clinic