Mecanofilia: El histórico fetichismo camionero de la derecha chilena

comp camiones pp ago 15

Por Tito Flores Cáceres

El recurso judicial presentado por diputados UDI tendiente a asegurar la manifestación de dueños de camiones del sur, por el centro de Santiago, viene a ser una especie de deja vu político chileno. Y es que no es la primera vez, que en una relación casi fetichista con los camiones, la derecha del país se asocia con el gremio de transportistas, para protestar o desestabilizar a un gobierno de corte reformista.

Este viejo estratagema tiene su expresión más furibunda en el paro de camioneros de octubre de 1972. Aquella movilización que desabasteció al país de sur a norte a lo largo de un mes, no sólo fue financiada por la CIA, como está ampliamente documentado, sino que además fue encabezado por el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas, quien a su vez era miembro ni más ni menos, que del movimiento nacionalista Patria y Libertad, el grupo paramilitar de derecha más fieramente opositor a la Unidad Popular.

Así las cosas, en el tema de la anunciada marcha de los camioneros, es necesario mirar bajo el agua.

En primer lugar, aclarar que se trata de una acción impulsada por la patronal de camioneros, y no por los trabajadores. De hecho, de forma explícita, la Federación Nacional de Sindicatos de Transporte Forestal (Fenasitranfor), que agrupa a los asalariados del transporte, ha negado el respaldo de su organización a la protesta.

En segundo lugar, que esta manifestación parece ser más una acción orquestada de franca oposición política, que una legítima manifestación de corte gremial. Así parecen indicarlo tanto los públicos vínculos de cooperación  entre la UDI regional y los dirigentes de la Asociación de Dueños de Camiones de Malleco y Cautín, organizadores de la marcha, como el contenido de la carta que la patronal camionera le envía al Ministerio del Interior, en la que fundamentan su decisión de manifestarse en el centro de Santiago. En dicha misiva, sin aportar evidencia concreta alguna, hablan de “asaltos diarios en nuestras empresas, domicilios y en la vía pública”; de “impunidad”; de su repudio a lo que ellos llaman “falta de acciones concretas para terminar con el flagelo de la delincuencia y el terrorismo que vive nuestro país”; y, de la necesidad de “restablecer el estado de derecho amenazado en nuestro territorio”. “Curiosamente”, casi al mismo tiempo, y con argumentos similares, diputados de la oposición le solicitaron a la Presidenta la remoción del subsecretario de prevención del delito, por el “fracaso de su gestión”, ante -lo que acusan- como graves problemas de delincuencia que vive el país.

La anunciada manifestación de los camioneros, debe entenderse como parte de un plan concertado de oposición al gobierno de la presidenta Bachelet, integrado también por lo que para muchos fue la absurda marcha “contra el fin al copago, el lucro y la selección escolar”; por las marchas contra el proyecto de despenalización del aborto por tres causales (acarreos incluidos); y por el cacerolazo contra la delincuencia que efectuaron grupos de vecinas de barrios de altos ingresos de la capital, algunas de ellas ataviadas con vistosos abrigos de piel.

Las medidas de fuerza como las anunciadas por el gremio patronal camionero son intolerables, y existen precedentes relativamente cercanos en el tiempo, en los que frente a situaciones similares, -como fue el bloqueo de calles por centenares de autobuses en 2002- al gobierno de aquel momento no le tembló la mano para aplicar la ley de seguridad interior del Estado y restituir así el orden público. Porque no nos confundamos. Una cosa es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de manifestarse en los espacios públicos para abogar de esta manera, por sus intereses, pero algo muy distinto, es querer “capturar al Estado” haciendo una demostración ilegítima de fuerza, al pretender utilizar vehículos o maquinaria pesada, cuyo uso le otorga al manifestante un poder que incluso puede llegar a ser superior al de la propia policía.

Así las cosas, frente a amenazas políticas de fetichismo camionero, es de esperar que el Gobierno actúe políticamente, ejerciendo su autoridad y haciendo valer el orden institucional. La Ley está de su parte.

(*) Tito Flores Cáceres. es Doctor en Gobierno y Adm. Pública y académico universitario. En twitter: @rincondeflores