Por Tito Flores Cáceres
La agenda política chilena de los últimos días, ha estado marcada entre otros temas, por la posibilidad de generar un acuerdo transversal entre gobierno y oposición, en torno a lo que ha venido a denominarse como ciertos “mínimos comunes”.
La primera complejidad en torno a ellos es conceptual, pues viene a ser la definición de lo que entenderemos por aquellos mínimos y a la vez, la delimitación de lo que cabra en aquel concepto, y más importante aún, de lo que quedará excluido del mismo. De allí que diversos actores involucrados y gestores de intereses hayan comenzado su cabildeo en favor de que sus propios asuntos sean considerados dentro de aquella conceptualización.
Una segunda complicación para esta iniciativa es política, pues este intento de acuerdo, se lleva a cabo, según diversas encuestas, en uno de los peores momentos del gobierno de Sebastián Piñera, en lo que a aprobación ciudadana se refiere. Tal desafección, que daña por cierto su capacidad gubernativa, se ve acentuada además por el denominado síndrome del “pato cojo”, que según la politología norteamericana, caracteriza a los gobiernos al final de su mandato, cuando intentan hacer lo suyo, atravesando su epílogo y en medio de la contienda propagandística y electoral que busca definir a su sucesor.
La tercera complicación, que probablemente es la más severa, dice relación con la legitimidad y con la credibilidad que puede alcanzar un acuerdo de esta naturaleza, dado el descrédito en los que se encuentran sumidos los diversos actores e instituciones del sistema político nacional, ante la ciudadanía.
De este modo, lo que en otro contexto, como lo fuera a principios de los noventa, podría haber sido entendido como una aproximación necesaria entre las fuerzas políticas, en aras de un bien superior (en este caso considerando el contexto de crisis económica y social derivadas de la pandemia), dadas las circunstancias actuales, esta búsqueda de acuerdo puede ser comprendida, y así lo han expresado de hecho algunos sectores, como un “salvataje” encubierto, para un gobierno que parece estar haciendo agua por los cuatro costados.
En definitiva, considerando todo lo anterior, si de apostar se tratare, en torno al éxito o fracaso de la iniciativa de “mínimos comunes”, las tres complicaciones enunciadas, vienen a configurar un escenario en extremo adverso para ella.
En virtud de esto, lograr su avance y más importante aún, su materialización, parece tener una mínima probabilidad, que dependerá más bien de tres factores. Primero, de cuánto capital político estén dispuestos a arriesgar sus promotores. Segundo, de la capacidad de estos mismos actores para persuadir y construir legitimidad ante la ciudadanía en torno a esta alternativa de solución. La reunión de este fin de semana de dirigentes políticos y sociales de la oposición, parece ir en aquella línea. Y, finalmente, dependerá de cuán enfático sea el reconocimiento transversal, de que aquellos mínimos son una necesaria respuesta de urgencia frente a la coyuntura extrema que atraviesa el país, pero que están lejos de venir a hacerse cargo del verdadero problema, endémico y estructural de la sociedad chilena, que es la desigualdad social.
Si aquello se logra. Si estos mínimos coyunturales se enlazan con el proceso constituyente en marcha. Si se reconoce decididamente, que el verdadero y esencial mínimo que Chile necesita, es que las condiciones institucionales y políticas para revertir aquella desigualdad queden plasmadas en el nuevo pacto social, que se consagre en la Nueva Constitución, entonces la iniciativa de los mínimos comunes podría tener mejores perspectivas
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