Más derechos, menos privilegios y el pavor de la Derecha a la igualdad

escalon_1_1494Por Tito Flores Cáceres(*)

Abundan las situaciones a nivel mundial, en la historia contemporánea, en las que las fuerzas sociales y políticas conservadoras, hacen lo imposible por evitar el progreso social y la expansión de los derechos de las personas.

Por angas o por mangas, por la Patria, por el Orden, por la libertad de los mercados, por lo nocivo de las ideas foráneas, o porque así lo indica el Orden Natural y el EspírituSantoAmén, los grupos reaccionarios (como se los denominaba en la Revolución Francesa) han buscado mantener sus granjerías y sus situaciones de privilegio.

Chile no ha estado ajeno a hechos de esta naturaleza. Lo vivió Balmaceda. Lo padecieron iniciativas legislativas de corte educativo, laboral y social (la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria entre ellas) a lo largo de todo el siglo XX. Lo enfrentó Pedro Aguirre Cerda y su agenda industrializadora y reformista y lo sufrió el propio Salvador Allende.

Por eso no son de extrañar las declaraciones claramente orquestadas de la Derecha dura chilena, en orden, por una parte, a criticar de manera destemplada, irresponsable y descalificadora, a la Presidenta y a sus colaboradores más cercanos, y por otra, a efectuar un encubierto llamado a la sedición a través de spots de mucha gente linda y camisa blanca, pero en los que ilegítimamente, llaman a rebelarse contra el gobierno y sus medidas en materia social.

Y no es extraño porque precisamente las reformas impulsadas por el actual Gobierno chileno, más allá de errores y descoordinaciones, buscan efectuar cambios de fondo en el Orden Social chileno. Cambios que reviertan esa inmoral desigualdad entre los más ricos y los más pobres de la población, cercana a las 40 veces del volumen de ingresos mensuales y que nos sitúan en las postrimerías de las tablas en esta materia a nivel mundial.

Y no son extrañas tampoco aquellas reacciones enconadas de la Derecha, porque por su carácter redistributivo, la educación y su reforma, que es la prioridad del Gobierno, podría modificar en el mediano plazo la distribución del poder económico, político y social en Chile. Porque muchos son excluidos de antemano a través de la segregación que implica la selección a los establecimientos educacionales, el copago y las carencias físicas, simbólicas y presupuestarias, lo que termina reproduciendo los estratos sociales, generación tras generación, en un verdadero sistema de castas que algunos han comparado con el ignominioso apartheid.

La Igualdad no es mediocridad, por el contrario, es el reconocimiento del otro como un legítimo otro en la convivencia, como diría Humberto Maturana, con las positivas consecuencias que esta concepción tendría para la convivencia y la fraternidad social. La libertad de enseñanza no es libertad de empresa, sino la posibilidad de aceptar pluralistamente diversas visiones y propuestas en materia educativa, sin que por cortapisas censitarias ellas estén asociadas a calidad educativa. Por ello la importancia de la educación estatal y la tuición del Estado sobre los diferentes proyectos formativos.

En definitiva, los agoreros del caos, el miedo y la desinformación, se solazan con esa arraigada cultura impuesta a punta de fusil, que consagra como valor social, la diferenciación por los niveles y las pautas de consumo. Porque no eres mejor persona si tu hijo va a un colegio de falda escocesa y plisada y no a uno de jumper. Porque da lo mismo si la manguera de tu jardín costó $4.990 el metro y no $1.990 como al resto de tus vecinos. Por mucho que nos lo hayan hecho creer desde la más tierna infancia, eso no es lo importante. El crecimiento y el consumo no son fines en si mismos, debe, estar al servicio de un proyecto colectivo y por cierto a la vez de proyectos personales. Pero ambas dimensiones, la personal y la colectiva, no son contrapuestas como el neoliberalismo y sus adalides nos han hecho creer. Los países más prósperos son también los más inclusivos, los más garantes de derechos y los que armonizan los proyectos de los individuos y sus familias con los de la comunidad local y nacional. Esa integración es la clave y es lo que en buena medida está en juego en Chile en el actual mandato presidencial.

(*) Tito Flores Cáceres es Doctor en Gobierno y Adm. Pública y Director de PolíticaPública.cl

Fuente de la imagen: http://www.ediciona.com/hombre_rico_a_hombre_pobre-dirpi-36622.htm

La Esquizofrenia PeriNatal de la Derecha Dura Chilena

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(*) Por Tito Flores Cáceres

Apenas anunciada la medida por la Presidenta Bachelet, de eliminar el embarazo como una pre-existencia para las ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional , aseguradoras privadas chilenas en este ámbito), surgieron voces críticas a la medida, provenientes del mismo sector que rasga vestiduras para protestar en contra de los proyectos que buscan permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas.

Este doble estándar o si se quiere, este esquizoide comportamiento, no es nuevo en la derecha dura chilena. Durante los últimos cuarenta años ha defendido con uñas y dientes la “libertad” siempre y cuando esta se encuentre vinculada con los mercados y el consumo, pues paralelamente a esas declaraciones, alabó y fue partidario de la dictadura de Pinochet y de su trabajo de muerte y represión.

La calificación del embarazo como una pre-existencia, ha castigado de manera concreta a la maternidad desde principios de la década de 1980, cuando se instaura por la fuerza este modelo, pues o ha dejado fuera de cobertura y de prestaciones el embarazo o le ha aplicado un sobre precio a aquella mujer que al momento de afiliarse a una ISAPRE, se encuentra en estado de gravidez. Durante décadas entonces, la sociedad chilena ha aceptado de manera tácita y silenciosa, una medida que tiene tanto de discriminatorio como de acción encubierta e indirecta contra la salud (y la vida en casos más extremos) del niño o niña en gestación.

Es ampliamente conocida la relación entre los grupos económicos controladores de las ISAPRES y el partido UDI (Vea nota al respecto). Por ello, llama la atención la disonancia de principios éticos existente entre sus manifestaciones contrarias al aborto y la declaración que al respecto ha efectuado la Asociación de ISAPRES. En esta última, lejos de encontrar explícitamente un aplauso a la medida, por el evidente carácter pro maternidad que ésta tiene, nos encontramos con un texto que señala “preocupación” por los “mayores costos que implicará al sistema privado de salud” y por las “modificaciones a las reglas del juego del sector privado”. Y para mayor abundamiento en este sentido, un ex Ministro de Pinochet, ampliamente conocido por sus posiciones de derecha dura y ortodoxas en materia económica, se permitió comparar el costo de un embarazo, con la compra de un auto chocado, lo que deja aún más claro cuál es la verdadera prioridad de este sector: el lucro y no la vida.

(*) Tito Flores Cáceres es Doctor en Gobierno y Adm. Pública. Académico Universitario y Director de PolíticaPública.cl

Definición de Política Pública: Una Revisión conceptual.

Recopilación elaborada por Tito Flores Cáceres

Existe una gran cantidad de definiciones del concepto política pública. Con la idea de aportar al trabajo de estudiantes, profesionales, investigadores y decisores públicos, son presentadas a continuación doce de ellas, organizadas alfabéticamente de acuerdo al autor que las propone.

Aguilar Villanueva (1996/a: 26): Aguilar Villanueva, indica que una política pública es “en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce”.

Dye (2008:1): Dye, por su parte, en una definición sucinta, pero muy difundida, señala que una política pública “es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer”.

Fernández. (1999:464): Antoni Fernández se centra en la dificultad pero a la vez en la importancia de definir el concepto, sobre todo para la investigación en el plano empírico: “Una política pública no es un fenómeno objetivo de perfiles claros y definidos, su existencia debe ser puesta de relieve como fruto de la investigación en el plano empírico mediante la identificación de sus elementos constitutivos, sean estos declaraciones de intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados (outputs) y consecuencias (outcomes), a lo largo de un cierto período de tiempo. De la definición que se utilice como marco conceptual, dependerá en buena parte que tal o cual acto, símbolo, decisión o «no decisión» sean aceptadas por el investigador como constitutivas de una política pública singularizable, en un contexto marcado por la interacción entre políticas distintas, que se afectan y condicionan mutuamente, con los problemas que ello plantea a cualquier intento de aislar el objeto de estudio.

Grau (2002:34): Mireia Grau, enfatizando en el elemento político, plantea que las políticas públicas “son el conjunto de acciones, de procesos, de interacciones e intercambios entre actores que tienen lugar en los ámbitos del poder político. Así, y a pesar de que existe cierta tendencia a pensar que el ámbito de las políticas públicas es el ámbito de la tecnicidad, las políticas públicas y su estudio suponen entrar en el análisis de lo que, de acuerdo con Lasswell, es el poder político: quién obtiene qué, por qué y cuándo, y, cómo añade Dye (1992: 2) las consecuencias de ello[1]”.

Jenkins (1978)[2]: William Jenkins por su parte, define una política pública como “un conjunto de decisiones interrelacionadas, tomadas por uno o varios actores políticos, con relación a la selección de objetivos y de los medios para alcanzarlos, dentro de una situación específica, donde aquellas decisiones deberían, en principio, estar dentro del ámbito de competencia de aquellos actores”.

Kraft y Furlong (2006:5): Kraft y Furlong, señalan que “una política pública es un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. [Las políticas públicas] reflejan no sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las políticas dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una determinada decisión”.

Lahera  (2002:16): Para Eugenio Lahera, una política pública “corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado”.

Majone (1989:1): Si bien es cierto no constituye una definición en si misma, sino más bien un enfoque, merece la pena señalar una concepción que, según las palabras de Majone, parece ser olvidada. Desde su punto de vista una política pública “está hecha de lenguaje. Sea en su forma oral o escrita, el debate, la argumentación, son centrales en todas las etapas del proceso de las políticas públicas”.

Meny y Thoenig (1992:89-90): Para Meny y Thoenig una política pública “es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. [Corresponde por lo tanto], a los actos y a los no actos comprometidos de una autoridad pública frente a un problema en un sector relevante de su competencia y se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico”.

Plano et al. (1973:311)[3]: Para estos autores una política pública puede ser concebida como los “reglamentos y programas gubernamentales considerados individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de las decisiones de autoridad de un sistema político. Puede tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer. Por política suele entenderse un conjunto o secuencia de decisiones más que una decisión singular acerca de una acción de gobierno particular. Algunos la entienden como decisiones de fines y preferencias y la distinguen de las decisiones relativas a los medios para alcanzar los fines. Otros, en contraste, consideran que la política incluye los medios y los fines. En algunos contextos denota decisiones de objetivos de largo plazo o directrices generales de acción gubernamental que guían las acciones de corto plazo en situaciones específicas.

Subirats y Gomá (1998:14): Subirats y Gomá en tanto, indican que “las políticas deben considerarse como propuestas de regulación pública de los múltiples problemas y contradicciones que afrontan las sociedades actuales. Toda política pública entraña un mecanismo de asignación pública de recursos y oportunidades entre los diferentes grupos sociales con intereses y preferencias en conflicto. Mecanismo que opera en un plano más o menos autónomo respecto a las lógicas mercantiles, familiares y comunitarias. Las políticas, en consecuencia, implican opciones de fondo enraizadas en valores, paradigmas e ideas. Trasladan, de forma más o menos explícita, concepciones, referentes normativos e intereses a la esfera de la decisión colectiva. Y todo ello en un marco de entramados institucionales por donde transitan las interacciones concretas entre actores políticos. La estructura de oportunidades y límites que ofrecen las instituciones, así como las estrategias y habilidades de negociación de los actores, serán también variables a tener en cuenta como determinantes de cada resultado decisional”.

Tamayo (1997:281): Manuel Tamayo por su parte, plantea que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema”.
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Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis (1996/a): “Estudio Introductorio“, en Aguilar Villanueva, Luis (1996): “La Hechura de las Políticas Públicas”, 2ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México. Pp. 15-84
Dye, Thomas R. (2008): “Understanding Public Policies”, 12th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey
Fernández, Antoni (1999): “Las Políticas Públicas”, en Caminal, Miquel (ed.) (1999):”Manual de Ciencia Política”, 2ª ed., Tecnos, Madrid. Pp.460-482
Grau, Mireia (2002): “Introducción. El Estudio de las Políticas Públicas: Enfoques y Metodologías de Análisis”, en Grau, M. y Mateos, A. (Eds.) (2002): “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”, Tirant lo Blanch, Valencia. Pp.29-58.
Howlett, Michael; Ramesh, M. (1995): “Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsistems”, 1st. ed., Oxford University Press, Canada.
Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective” Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
Kraft, Michael; Furlong, Scott (2006): “Public Policy: Politics, Analysis and Alternatives”, 2nd ed., CQ Press, Washington, DC.
Lahera, Eugenio (2002): “Introducción a las Políticas Públicas”, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.
Majone, Giandomenico (1989): “Evidence, Argument & Persuasion in the Policy process”, 1st. edition, Yale University Press, New Haven and London.
Meny, Y. y Thoenig, J. (1992): “Las Políticas Públicas”, 1ª edición, Editorial Ariel, Barcelona.
Subirats, J. y Gomá, R. (1998): “Democratización, Dimensiones de Conflicto y Políticas Públicas en España”, en Gomá Ricard y Subirats, Joan (Coords.) (1998): “Políticas Públicas en España. Contenidos, Redes de Actores y Niveles de Gobierno”, 1ª Edición, Ariel Ciencia Política, España. Pp. 13-36
Tamayo (1997): “El Análisis de las Políticas Públicas”, en Bañón y Carrillo (Comps.) (1997): “La Nueva Administración Pública”, Alianza Editorial, Madrid. Pp.281-312
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Notas
[1] Dye lo concretiza de la siguiente manera: “El análisis de las políticas públicas tiene que ver con “quién obtiene qué” en política y, todavía más importante, “por qué” y “qué diferencias conlleva”. Lo que nos concierne estudiar no sólo es aquello que hacen los gobiernos, sino también por qué llevan a cabo las políticas que llevan a cabo, y cuáles son las consecuencias de tales políticas” Dye, 1992: xiii. (Traducido del original en inglés por la autora).
[2] Jenkins, William (1978): “Policy Analysis: A Political and organizacional Perspective” Citado por Howlett y Ramesh (1995:5).
[3] Citado por Aguilar Villanueva (1996/a:24).

NeoPipiolos o la re-articulación liberal en Chile

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Por Tito Flores Cáceres*

El lacrimógeno abrazo entre la senadora Lily Pérez y el otrora ministro de hacienda y precandidato presidencial Andrés Velasco, viene a sellar lo que parece ser la piedra fundacional de un nuevo referente liberal en Chile. Otro más de los varios intentos en 200 años de vida republicana, desde los pipiolos del siglo XIX en adelante.

Más allá de la caricatura que uno puede hacer del liberal chileno del siglo XXI: entre aspiracional y cosmopolita; algo snob; lector de The Economist y del New York Times (aunque de inglés sepa poco); asiduo asistente a Lolapallooza Chile, la verdad es que el liberal chilensis se quedó sin espacio propio después del golpe militar, por lo que debió ocupar posiciones secundarias detrás de conservadores, socialdemócratas y socialcristianos.

Y es que el factor Pinochet, constituyó un eje ordenador espurio del sistema de partidos, pues más que a familias ideológicas, las alianzas políticas respondieron al posicionamiento particular de cada agrupación como partidario u opositor de la dictadura, situación que se ha mantenido durante los últimos 40 años casi sin variación.

Hoy sin embargo, las circunstancias parecen estar estableciendo una cuña que puede ser promisoria para la familia liberal. Dejando atrás la pretérita diferenciación, que ya no tiene sentido para gran parte de la ciudadanía nacida post dictadura, tiene lugar un acercamiento entre figuras políticas que hasta hace poco se encontraban enfrentadas. Aduciendo una sensibilidad similar hacia “la libertad” sea lo que sea lo que aquello signifiqué, los ex RN de Amplitud; Red Liberal; y, el ex Concertación Andres Velasco, manifiestan una cierta voluntad de acción coordinada, bajo la pretenciosa denominación de “refundar la política”.

Partidarios del mercado, del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, del esfuerzo individual y alejados de asuntos religiosos y confesionales (lo que los diferencia en lo valórico de los “neo” liberales tipo UDI), una agrupación liberal podría seducir a pequeños grupos que se encuentran desperdigados en diferentes partidos políticos, pero que tienen en común el sentimiento ideológico liberal clásico. Los encontramos en RN, en el PPD, en la DC e incluso menormente en el Partido Socialista. Así qué más que tránsfugas, que es el mote que pudiera plantearse a los fundadores e incluso a quienes adhieran a él desde otras tiendas, este referente puede venir a ocupar un espacio atractivo para un sector laico, de centro, renuente al Estado pero no enemigo del mismo, que se pensó algún día podría ocupar RN, pero que su ligazón con la dictadura y su conducción por gente ligada al Opus Dei impidió concretar.
Imagen: Publimetro/Agencia Uno.o

(*) Doctor en Gobierno y Adm.Pública, Director PolíticaPública.cl

Los Cuatro Elementos y la Alquimia del Buen Gobierno. Por Tito Flores Cáceres (*)

220px-Pietro_Longhi_021Este artículo fue publicado originalmente en NuevoCiclo.cl

Parafraseando a los antiguos alquimistas, el buen gobierno es la quintaesencia resultante de la combinación de cuatro elementos fundamentales: conducción, coordinación, anticipación y comunicación. El buen gobierno contiene en sí, como quinto elemento, la potencia y el equilibrio de los otros cuatro. ¿En qué consiste cada uno de ellos?

Cuando hablamos de conducción, hablamos de liderazgo. El jefe de gobierno debe ser capaz de ofrecer a los ciudadanos/as una visión futura de país y a la vez, implementar las medidas necesarias, para que tal sentido de futuro sea compartido por ellos. No puede bastarle al gobernante operar con criterios de racionalidad instrumental. Debe apelar a la emocionalidad de sus gobernados. Debe hacerse cargo de construir y afianzar un sentido de nosotros que se ancla a la posibilidad de un futuro mejor para todos.

Como jefe gobierno, su responsabilidad pasa también por hacer sentir el peso de su timón en los diversos organismos que constituyen el poder Ejecutivo. Sin caer en personalismos o autocracias, el Presidente/a ha de ser capaz de constituirse en una figura de autoridad, tanto política como técnica. Y en esto su capacidad de construir equipos sólidos en el gabinete de ministros es esencial.

Los vacíos de conducción se pagan caro. Los jefes de gobierno ineptos no sólo pierden credibilidad sino que además su capacidad y jerarquía son fuertemente cuestionados. Los ciudadanos asumen en mayor o menor grado que el país queda a la deriva y que sólo gracias a la inercia gubernativa éste sale adelante. En estos casos, los países con mayor solidez institucional llevan la ventaja. Los frágiles en este ámbito se verán mucho más afectados por gobiernos incapaces de generar conducciones adecuadas, pues al no contar con resortes impersonales de salvaguarda, quedan a merced de grupos de interés que ocupan rápidamente los vacíos dejados por el Presidente/a aprovechando para sí estos déficit de timón.

El segundo elemento es la coordinación. Un buen gobierno, teniendo en mente la idea de futuro que ofrece su líder, debe ser capaz de hacer actuar a sus diversos componentes, de manera acompasada, rítmica y en el momento adecuado. No puede haber pisotones ni solapamientos ni redundancias. En el otro extremo, tampoco pueden permitirse inacciones negligentes bajo el pretexto de “yo pensé que el otro lo iba a hacer”.

En este ámbito el trabajo en equipo es clave. Los diferentes ministerios, los diferentes ámbitos sectoriales deben dialogar permanentemente. Ha de haber un tránsito de información horizontal, a la vez que ascendente/descendente. La horizontal permitirá la coordinación entre pares de manera fluida y constante. La ascendente/descendente, afianzará la capacidad de conducción del Ejecutivo, a la vez que le permitirá al equipo político la toma de decisiones en cuanto a timing legislativo, prioridades de agenda o vinculación con la ciudadanía. En este ámbito, el gabinete del Presidente; el Ministerio del Interior y el Ministerio dela Presidencia (o su equivalente) juegan un papel preponderante.

La anticipación. El tercer elemento. Un buen gobierno debe ser capaz de escuchar y observar lo que está pasando a su alrededor. Prever escenarios y, como en el ajedrez, no subestimar a ningún potencial contrincante. Todo incendio forestal comenzó con una pequeña fogata no apagada a tiempo. La anticipación hace alusión precisamente a esta última variable: el tiempo. El gobierno debe tener un ojo puesto en el aquí y ahora y otro en el futuro. La gobernabilidad en buena medida tiene que ver con la capacidad de adelantarse a la explosión de conflictos. Ellos deben ser detectados y desactivados cuando están larvándose. Si estos saltan a la agenda mediática y de allí a la opinión pública en forma de escándalo se ha llegado demasiado tarde.

El desafío para un buen gobierno es entonces establecer los dispositivos adecuados que permitan monitorear todas las situaciones potenciales de tensión. Y aquí hay dos caminos posibles: el territorial, por medio de los representantes políticos del poder central en regiones, provincias o espacios locales y la sectorial, por la vía de los especialistas o autoridades técnicas en diferentes asuntos públicos que tienen presencia permanente en las localidades. Pero no basta su presencia. Los flujos de información deben ser expeditos hacia y desde el nivel central y su tratamiento debe llevarse a cabo con mirada estratégica. Insistimos que para lograr una efectiva anticipación lo peor que puede hacerse es subestimar situaciones. Aquello es aún más grave que no haberlas detectado.

Un viejo aforismo señala que gobernar es comunicar. El cuarto elemento entonces está implícito en los tres mencionados anteriormente. Un buen gobierno debe hacer de la comunicación un aliado permanente. Más aún, debe concebir cada uno de sus actos como una acción comunicativa hacia sus públicos. En plural porque no sólo tiene uno. El mensaje, su contenido y su medio de transmisión deben tener en cuenta a quién va dirigido. Un buen gobierno debe definir esto explícitamente. No es lo mismo explicar una decisión o una política pública al ciudadano “promedio” que a un especialista o a un líder intelectual o político. Tampoco es lo mismo querer hacerlo para conectar con los jóvenes que querer llegar a adultos mayores. ¿Obvio? Tal vez, pero no tanto. Muchos gobiernos parecen olvidarlo en su quehacer cotidiano. El buen gobierno requiere de una disposición decidida, audaz y deliberada en orden a mantener contacto permanente con los ciudadanos. Y aquello no sólo es un tema de transparencia, también lo es de práctica democrática básica.

En definitiva, un buen gobierno es el resultante de la combinación adecuada y equilibrada de estos cuatro componentes. Es el quinto elemento que como el de los antiguos alquimistas, tiene en sí, la presencia del resto de ellos. El buen gobierno sabe conducir adecuadamente; es capaz de llevar a cabo las coordinaciones internas pertinentes; es efectivo a la hora de anticipar situaciones conflictivas difíciles de asumir; y, es tremendamente potente a la hora de saber comunicar a sus diferentes audiencias los asuntos públicos: su agenda, sus prioridades, sus decisiones.

Mire ahora a su gobierno ¿Qué tal anda en estas cuatro cosas? Tarea para la casa.
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(*) Doctor en Gobierno y Adm. Pública. Director PolíticaPública.cl. Académico Universidad Tecnológica Metropolitana.

No, We Can’t: Obama y los Demócratas después de la elección

no-we-cant-18121-1265067879-16Por Tito Flores Cáceres*

El fuerte revés electoral sufrido por el Partido Demócrata en las elecciones del día de ayer en EE.UU., responden principalmente a un voto de castigo en contra del Presidente Obama.

La pérdida del control del Senado, la ampliación de la desventaja en la Cámara de Representantes y la derrota en la elección de Gobernadores en Estados trascendentes, parecen adelantar el síndrome del pato cojo en la Casa Blanca.

Y es que las amplias expectativas generadas por Barack Obama, desde su época de precandidato demócrata por allá por 2008, acentuadas con su elección como presidente aquel mismo año, no han podido ser refrendadas por los hechos.

Una oposición polarizada ideológicamente por el “Tea Party”; una campaña del terror contra de las reformas propuestas por Obama, especialmente la sanitaria; y una cierta incapacidad de conducción por parte del Ejecutivo, han generado un cóctel fatal para el Ejecutivo estadounidense, que ha sido capitalizado electoralmente por los Republicanos.

Como dice el viejo adagio, no siempre los buenos candidatos terminan siendo buenos presidentes. Y al revés, hay pésimos candidatos que lo harían genial como presidentes. Pero es la ciudadanía la que manda, y su voto en democracia es Ley Sagrada.

Por ahora parece que lamentablemente para él, sus partidarios y el mundo progresista internacional, Obama y los demócratas, a diferencia de su eslogan original, deberán decir de aquí en adelante: “No, we can´t”
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(*) Doctor en Gobierno y Adm. Pública. Director PolíticaPública.cl
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